La Universidad de Pamplona se presta para esto. De la falsa meritocracia a la dedocracia

Los nuevos gerentes de los Hospitales de Santander.

Los hospitales son un fortín burocrático local. No sólo porque manejan multimillonarios presupuestos sobre los cuales los gerentes deciden de forma autónoma y sin someterse a las reglas de la contratación pública, sino además porque tienen bajo su mando una nómina jugosa, útil sobre todo en épocas de campaña.

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Hasta ahora, la selección de los gerentes se hacía con un procedimiento supuestamente meritocrático: la ley le ordena a los alcaldes que en los primeros tres meses del año en el que se posesionan, contraten a una universidad acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para que realice un concurso de méritos. Entre los candidatos que saquen los mejores puntajes, la junta directiva de cada hospital –presidida por el alcalde o el gobernador– define una terna de la que se elige al ganador.

Sin embargo, esa ‘meritocracia’ ha estado llena de dudas porque en la selección terminan pesando más los criterios políticos que los técnicos. Como contó La Silla, hay denuncias de que algunas de las universidades que los hacen pueden estar manipulando los resultados y beneficiando a algunos candidatos.

“El que tenía plata para ser gerente era el que ganaba. Las universidades venden los exámenes y por eso compiten los alcaldes con el presupuesto de las alcaldías y los candidatos”, le dijo a La Silla un congresista que conoce de cerca los líos de estos concursos.

“Se hacen subastas por debajo de la mesa y el que pague más se queda con el examen. Hemos recibido denuncias de que se han pagado hasta mil millones de pesos por ellos”, agregó otra fuente del sector salud que también conoce estas movidas.

Con la reelección por una única vez, también han pasado casos en los que un gerente interesado en quedarse se vuelve aliado del mandatario de turno por el camino, como sucedió en Magangué y lo contamos en La Silla Caribe.

De hecho, este año el negocio de la elección de los gerentes quedó en manos de un oligopolio de cuatro universidades que fueron las que terminaron acreditadas pero que, en la práctica, resultaron siendo sólo tres: La Universidad de Pamplona, que se quedó con el grueso de los procesos de selección en todo el país, la de Medellín que le sigue en número de procesos y la Universidad de la Sabana que es la que menos tiene.

El negocio es muy jugoso, según Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -Acesi- que le ha seguido la pista al proceso. Por cada examen, los municipios más pequeños pagan entre 20 y 25 millones de pesos y los más costosos pueden llegar hasta a 60. Como son casi mil hospitales en todo el país, es un negocio de unos 20 mil millones de pesos.

“La Universidad de Pamplona cobró 25 millones de pesos por cada examen a pesar de que hizo sólo uno para todos los municipios que los candidatos presentaron el mismo día. No hubo ninguna ventaja de que fuera así [para abaratar costos] y recibimos muchas denuncias de que las preguntas estaban desactualizadas y mal elaboradas. Esa plata se botó a la basura”, dijo.

Aunque el gobierno le puso la lupa a ese sistema desde hace cuatro años, la decisión de modificarlo sólo empezó a marchar a principios de 2016.

El gobierno, a través del ministro de Salud Alejandro Gaviria, aprovechó que en el Congreso estaba andando un proyecto de ley para sanear las finanzas de la salud de autoría de la bancada uribista y de congresistas de la Unidad Nacional y que ya había pasado los primeros dos debates en el Senado.

Justo cuando el proyecto iba a pasar a tercer debate en la Cámara de Representantes, según dos de los autores de la iniciativa, el Ministro se movió para que los ponentes incluyeran un artículo que cambiaba la selección de los gerentes: ya no sería por concurso de méritos sino que el proceso quedaría a discreción de los alcaldes y gobernadores “previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública”, dice el texto.

Es decir, será una selección a dedo. Y que busca, precisamente, acabar con esta “falsa meritocracia” y volver responsables políticamente a los alcaldes y gobernadores de la elección de los gerentes.

Además, evitar que en caso de que quede elegida una persona que no es de la cuerda de los alcaldes, haya una descoordinación entre éstos y los gerentes que puede afectar la toma de decisiones de la salud en los municipios.

Aunque la ley sólo se aprobó el 14 de junio, un día antes de que se acabara el segundo año del Congreso, la mayoría de alcaldes y gobernadores ya sabía que estaba próximo a aprobarse.

Eso explica por qué, según Zuluaga, entre el 80 y el 90 por ciento de los hospitales nada que nombran a los gerentes en propiedad cuando debían hacerlo a más tardar el 1 de abril.

El resto podría estar esperando que el Presidente sancione la ley para que ésta empiece a regir.

Aunque es usual que algunos procesos se demoren, y muchos de quienes han estado participando en el proceso han interpuesto toda clase de trabas jurídicas a la selección, incluendo tutelas para retrasarla, la cifra de vacantes este año es inédita, según Zuluaga.

Según la nueva ley, en los casos en las que ya se haya nombrado gerente o cuando ya haya un proceso de convocatoria para el examen andando por el procedimiento anterior, éstos deberán continuar hasta terminar y dejar a los gerentes por un plazo de cuatro años.

En cambio, si los concursos se declaran desiertos o no se logra armar una terna para el momento en el que entre en vigencia (porque sólo pasa un candidato o porque alguno renuncia a participar), el nombramiento podrá caer en manos del respectivo alcalde o gobernador. Lo mismo pasa si no se ha abierto el concurso.

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